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El delito de prevaricación
El delito de prevaricación es un crimen que se comete cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución injusta, consciente de su ilegalidad.
Esta acción puede perjudicar el interés general o los derechos individuales, y es considerada una violación grave de los deberes de imparcialidad y legalidad que deben regir el ejercicio de cargos públicos. La prevaricación está tipificada en el Código Penal en los artículos 404 y siguientes, y se divide en distintos tipos: administrativa, de nombramientos ilegales y judicial.
La prevaricación es uno de los delitos más graves que puede cometer un funcionario público o un juez en el ejercicio de sus funciones ya que este delito pone en riesgo la imparcialidad y justicia del sistema legal, afectando a la administración pública y a los derechos de los ciudadanos.
En este artículo te explicaremos qué es la prevaricación, los tipos que existen, las penas que conlleva según el Código Penal y cómo afecta a funcionarios, jueces y otros actores en el ámbito legal.
¿Qué es el delito de prevaricación?
La prevaricación se define en el artículo 404 del Código Penal español como la acción de una autoridad o funcionario público que, a sabiendas, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Artículo 404 del Código Penal
Es importante destacar que este delito implica conocimiento y voluntad de cometer una injusticia, es decir, actuar con dolo. La conducta debe ser manifiestamente injusta y arbitraria para que pueda tipificarse como prevaricación.
Asimismo, la prevaricación administrativa por nombramiento ilegal prevista en el artículo 405 del Código penal ocurre cuando un funcionario o autoridad pública propone, nombra o da posesión de un cargo público a una persona que no cumple con los requisitos exigidos por la ley para desempeñarlo. Esta acción supone un abuso de poder que no solo afecta la legitimidad del nombramiento, sino que también infringe los principios de legalidad y equidad en el acceso a la función pública.
La ley contempla estas sanciones para evitar que el acceso a puestos de responsabilidad pública se otorgue de forma arbitraria, asegurando que las posiciones sean ocupadas por personas que cumplen con las competencias y requisitos legales necesarios.
A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Artículo 405 del Código Penal
Este delito no se limita solo a autoridades administrativas.
La prevaricación judicial, recogida en el artículo 446 del Código Penal, ocurre cuando un juez o magistrado dicta una sentencia o resolución injusta a sabiendas de su injusticia. También incluye actos como negarse a juzgar o retrasar intencionadamente un proceso.
El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:
1.º Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
2.º Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.
3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.
Artículo 446 del Código Penal
Así, en términos generales, la prevaricación ocurre cuando un funcionario emite una resolución arbitraria, alejándose intencionalmente de la ley, en perjuicio de los intereses públicos. Este delito, como hemos visto, puede presentarse en diferentes ámbitos:
- Prevaricación administrativa: Abarca las decisiones arbitrarias en procedimientos administrativos, cuando el funcionario, consciente de la injusticia, emite resoluciones que afectan derechos ciudadanos o el interés común.
- Prevaricación judicial: Sucede cuando un juez dicta una sentencia contraria a derecho o retrasa de manera injustificada el proceso judicial, afectando la justicia y el debido proceso.
- Prevaricación en nombramientos: Se refiere a la designación de personas para cargos públicos sin los requisitos necesarios, lo que se considera un abuso de autoridad que afecta la equidad en el acceso a la función pública
Prevaricación de abogados y procuradores:
Aunque la prevaricación suele asociarse a la actuación de funcionarios públicos, el Código Penal español en el artículo 467 extiende este término también a abogados y procuradores en dos casos específicos, considerando la relevancia de su rol en el sistema de justicia.
Sin embargo, la doctrina sugiere que el uso del término “prevaricación” es técnicamente incorrecto en este contexto, ya que estos profesionales no son funcionarios públicos, pero sí ejercen una función que afecta directamente el acceso y la transparencia en la justicia.
1. El abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años.
2. El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años.
Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de seis meses a dos años.
Artículo 467 del Código Penal
Los supuestos en los que un abogado o procurador puede incurrir en este delito son:
- Defensa de intereses contradictorios: Se produce cuando un abogado o procurador, sin el consentimiento de su cliente original, representa o asesora a un tercero con intereses opuestos en el mismo asunto. Esta acción vulnera la lealtad y confidencialidad con su cliente inicial y puede generar un conflicto ético y legal, afectando la confianza en el sistema de justicia.
- Perjuicio al cliente: Ocurre cuando un abogado o procurador perjudica deliberadamente los intereses de su cliente, ya sea por acción u omisión. Esto puede incluir desde la negligencia intencionada en la defensa de un caso hasta la adopción de medidas que claramente perjudican los intereses encomendados, afectando así la integridad de la representación legal.
En estos casos, el legislador entiende que, aunque no sean funcionarios públicos, los abogados y procuradores desempeñan un papel fundamental en el acceso a la justicia y deben actuar con la misma imparcialidad y profesionalismo exigidos en el sector público. La sanción aplicable a estas conductas incluye inhabilitación y sanciones económicas, en proporción al daño causado.
Penas aplicables
Las sanciones por prevaricación dependen de la gravedad del delito y del tipo de funcionario que lo cometa:
- Prevaricación administrativa: Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de 9 a 15 años.
- Prevaricación judicial: Para casos graves, la pena puede ser de 1 a 4 años de prisión, junto con la inhabilitación absoluta por hasta 20 años.
- Prevaricación de abogados y procuradores: Multas de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por un período de hasta 4 años.
Preguntas frecuentes sobre el delito de prevaricación
¿Quién puede cometer el delito de prevaricación?
Solo pueden cometerlo autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, incluidos jueces y otros servidores del Estado.
¿Es necesario que el funcionario obtenga un beneficio personal?
No. El delito se configura por la emisión de una resolución arbitraria e injusta, independientemente de que haya o no un beneficio personal.
¿Cuál es la pena más común en la prevaricación administrativa?
Normalmente, la prevaricación administrativa se sanciona con inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de posibles multas.
¿Qué diferencia existe entre prevaricación administrativa y judicial?
La prevaricación administrativa se da en decisiones administrativas arbitrarias, mientras que la prevaricación judicial involucra a jueces en sus sentencias o acciones procesales injustas.
¿Qué pasa si un juez dicta una sentencia injusta?
Si se demuestra que el juez actuó de manera dolosa y dictó una sentencia arbitraria, puede enfrentar penas de prisión de hasta 4 años y inhabilitación de su cargo.
¿La prevaricación siempre implica dolo?
Sí, para que se considere prevaricación, el funcionario debe actuar con conocimiento y voluntad de emitir una resolución injusta. Sin embargo, en casos de negligencia o imprudencia grave, puede haber otro tipo de sanciones disciplinarias.
¿Puede un abogado cometer prevaricación?
Sí, aunque en su ámbito específico. Un abogado puede ser sancionado por prevaricación si, por ejemplo, representa a intereses opuestos sin autorización o perjudica a su cliente de manera deliberada.
Conclusión
La prevaricación no solo daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y judiciales, sino que puede generar graves consecuencias económicas y sociales.
Este delito es grave porque socava la confianza de los ciudadanos en la Administración Pública y afecta los principios de legalidad e imparcialidad que deben guiar la actuación de los funcionarios. La prevaricación es considerada una forma de abuso de poder y tiene un impacto significativo en la percepción pública de la justicia y la equidad en la Administración del Estado
Para los funcionarios públicos, jueces o abogados, ser acusados de prevaricación implica el riesgo de perder su empleo, enfrentar penas de prisión y daños a su reputación profesional. Además, es crucial para los ciudadanos conocer sus derechos y cómo proceder si son víctimas de una decisión injusta.
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