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Derecho Penal
El Derecho Penal, como rama del derecho público, se encarga de regular la potestad punitiva del Estado. Esto implica relacionar la comisión de diversas acciones, que van desde faltas hasta delitos graves, con una serie de consecuencias que pueden incluir penas privativas de libertad, multas o medidas de seguridad jurídica. En resumen, establece un marco legal para la imposición de sanciones en respuesta a conductas que violan las normas establecidas por la sociedad.
Como abogado especialista en Derecho Penal ofrezco asesoramiento y asistencia jurídica desde la detención policial, pasando por la fase de instrucción, hasta la celebración del juicio en cualquier tipo de delito, ya sea público o privado.
Asistencia Letrada al Detenido
Ofrecemos asistencia letrada integral para personas detenidas, garantizando sus derechos legales desde el momento de la detención.
Juicios por delitos leves
En los procedimientos penales por delitos leves no es obligatoria la presencia de un abogado. Sin embargo, siempre es recomendable contar con su asistencia ya que en la actualidad los delitos leves (anteriores faltas) generan antecedentes penales, con lo que ello supone.
Juicios rápidos
La intervención de abogado en estos procesos es obligatoria. El juicio rápido es un proceso penal especial mediante el cual se juzgan delitos que conllevan una pena privativa de libertad que no excede los cinco años, o cualquier otra forma de pena que no supere los diez años de duración. Este procedimiento se caracteriza por su agilidad y rapidez, siendo la intervención de abogado en estos procesos obligatoria.
Los tipos de delitos que pueden ser llevados a juicio rápido abarcan una variedad de situaciones, incluyendo:
- Alcoholemias.
- Delitos de coacciones.
- Delitos de daños.
- Delitos de hurto y robo.
- Atentados contra la autoridad.
- Violencia de género.
- Hurtos.
- Robos.
- Delitos contra la salud pública.
Para que un asunto pueda tramitarse mediante un juicio rápido, es necesario que se cumplan ciertos requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos son:
Iniciación del juicio a través de un atestado policial.
Comisión de un delito flagrante según lo establecido en el artículo 795.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El delito debe estar castigado con una pena privativa de libertad que no exceda los cinco años, o cualquier otra pena que no supere los diez años.
La detención de una persona que ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia o citada en calidad de denunciado.
Que se trate de un hecho punible cuya instrucción se presuma sencilla.
No puede tratarse de casos en los que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones.
Una de las características más importantes de los juicios rápidos es la posibilidad de prestar conformidad con la acusación del Ministerio Fiscal si se dan los siguientes requisitos:
Que no concurra acusación particular.
Que la pena correspondiente sea de hasta tres años de prisión.
Si la pena propuesta es privativa de libertad, no puede superar los dos años de prisión una vez sea reducida en un tercio.
El resultado de la sentencia de conformidad es la reducción en un tercio de la pena propuesta por el Ministerio Fiscal.
La conformidad tiene otras ventajas como que se podrá acordar la suspensión de la pena si el culpable se compromete a cubrir la responsabilidad civil derivada del delito.
La principal desventaja de la conformidad es que la aceptación de la culpabilidad impide presentar recursos e implica la generación de antecedentes penales.
Brindamos asesoramiento y representación experta en juicios rápidos, asegurando la defensa adecuada de los derechos e intereses de nuestros clientes buscando obtener los resultados más favorables en estos procedimientos judiciales.
Procedimiento Abreviado
El procedimiento abreviado se utiliza para enjuiciar delitos que están castigados con una pena de prisión inferior a nueve años o “cualquier otra pena de distinta naturaleza, ya sea única, conjunta o alternativa, independientemente de su cuantía o duración”.
Este procedimiento se emplea cuando se necesitan llevar a cabo diligencias de investigación durante la fase de instrucción del caso.
Es una vía legal que busca agilizar el proceso judicial, manteniendo la garantía de los derechos del acusado y asegurando una administración eficiente de la justicia.